Miércoles 19 de noviembre de 2008
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Dan 18 meses para mejorar la seguridad en las piscinas de Colombia

Deberán contar con sensores, cubiertas antitrampas en los drenajes y cerramientos que controlen el acceso al lugar.

Quienes incumplan serán sancionados con multas que van desde los 50 hasta los 1.500 salarios mínimos (más de 6.800 millones de pesos).

Así lo contempla la Ley 1209, sancionada el 14 de julio pasado, con la que se busca evitar el ahogamiento de niños, que es la segunda causa de muerte por accidentalidad en menores de 5 años, según el representante Carlos Fernando Motoa, autor de la ley.

La iniciativa fue promovida por Pilar Molina, madre de Santiago Rivera, el niño de 5 años que murió en la piscina de un condominio en Neiva. De haberse aplicado antes la nueva reglamentación, se hubiera podido salvar la vida de Nicolás Espitia, quien se ahogó en el hotel Hilton, en Cartagena, y de Mariana Novoa, de 22 meses, quien murió en una piscina de un jardín infantil en Bogotá (Ver Tres dramas que conoció el país).

La Ley dispone que en todas las piscinas se adapten cubiertas antitrampas (o antientrampamientos, como se le conoce al nombre técnico), que sirven para aislar la succión en los drenajes ubicados en las paredes de las piscinas.

En las piscinas de uso colectivo se ordena instalar, en un lugar visible, los planos que indiquen la ubicación de los tubos de drenaje.

Las instalaciones también deberán contar con un sensor de emergencia que desactive de manera automática la succión en caso que se bloquee del drenaje. No obstante también deberán contar con un dispositivo de acción manual, en lugar visible, que cumpla con el mismo objetivo.

La norma además ordena que exista un sensor adicional que active una alarma cuando se dé una inmersión en el agua. Esto para alertar sobre alguna actividad en la piscina en los horarios que permanecen cerradas. En todo caso, quedará prohibido el acceso de menores de 12 años a estas áreas sin un adulto responsable que los acompañe. Por cada piscina debe haber un salvavidas certificado por una entidad acreditada ante el Ministerio de Protección.

Incluso, las piscinas de particulares (en residencias) deberán cumplir con dicha normatividad fines de semana, en época de vacaciones escolares y siempre que en la piscina haya más de 10 menores de edad.

Los tres dramáticos casos que llevaron a tramitar esta nueva ley

1. La piscina del Hilton. El caso que más tuvo eco en los medios de comunicación fue el de Nicolás Espitia Álvarez, de 8 años, quien murió el 18 de enero del año pasado en la piscina del Hotel Hilton, de Cartagena.

El menor fue succionado por la tubería de desagüe y su cuerpo fue rescatado una hora después del accidente. Testigos aseguraron que la rejilla plástica de la boca de succión estaba quebrada. Tras buscar durante media hora los planos, concluyeron que el niño estaba debajo del piso, a un metro y medio de la orilla, atrapado en un tubo.

2. El caso de 'Santi Rivera'. El 10 de junio del 2006 Santiago, de 5 años, murió tras caer en la piscina de su conjunto residencial en Neiva (Huila), en medio de una actividad de convivencia de los vecinos. Estuvo 26 horas en estado crítico hasta que sufrió un paro cardiorrespiratorio. A raíz de su tragedia, su madre, Pilar Molina, creó la Fundación Santi Rivera, para educar sobre los riesgos de lesión y muerte que pueden sufrir los pequeños, por el uso inadecuado de piscinas en los conjuntos residenciales, donde muchas veces los constructores y los administradores no se fijan en las normas de seguridad.

3. Un descuido en el jardín. El 15 de enero del 2007 murió Mariana Novoa, de 23 meses, en un jardín infantil en el norte de Bogotá, en su primer día de clases. La piscina del lugar estaba cubierta por un plástico de burbujas, sobre el cual la niña caminó.

Nadie la vio y solo minutos después una de las docentes se dio cuenta que la niña no estaba. La encontraron ahogada en la piscina. Hortensia Espitaletta, madre de la pequeña, creó la Fundación Mariana Novoa, que realiza talleres para prevenir accidentes en los jardines infantiles.

El caso llamó la atención de la comunidad educativa y los padres de familia.